Exposición
La Unión Europea es un grupo de 27 países comprometidos con proteger los derechos de sus 450 millones de ciudadanos. También trabaja contra la vulneración de esos derechos.
Fundada en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) —una organización de cooperación económica de posguerra— se estableció conscientemente en el contexto de una Europa devastada por el conflicto bélico. El objetivo de su declaración fundacional de 1950 era unir a los antiguos Estados enemigos, afirmando que «la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas».
Tal vez no fuera, por tanto, la mejor forma de evitar que esta organización se convirtiera en una institución política: la CECA amplió su ámbito de actuación en las décadas posteriores para incluir actividades políticas y, tras años de reforma institucional y activismo ciudadano, el Parlamento Europeo empezó a funcionar como órgano democrático elegido directamente en 1979.
Al mismo tiempo, Europa empezaba a reaccionar ante el Holocausto. Los juicios contra los responsables nazis en Núremberg y en todas las naciones europeas que fueron ocupadas durante la guerra, el juicio de Eichmann en Israel y la recogida de testimonios de los supervivientes, además de los intentos de desnazificación a ambos lados del telón de acero, empezaron a desencadenar luchas personales y políticas en el continente.
El colapso del régimen soviético, iniciado en 1989, añadió una nueva dimensión a la memoria colectiva de Europa. La lucha contra el totalitarismo y sus secuelas en Europa central y oriental, incluidas las guerras yugoslavas, que dieron lugar al mayor número de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y una reevaluación crítica del Holocausto en Europa central y oriental, marcaron profundamente la comprensión de la historia y la identidad europeas. En el plano político, los Estados miembros de la UE y los países candidatos empezaron a enfrentarse a su papel en el Holocausto de forma más directa y exhaustiva, tanto a escala nacional como europea.
Así, en los años ochenta y noventa, el Parlamento Europeo, con la mirada puesta en la historia reciente de dictaduras en Europa y con vistas a la ampliación de la UE a Europa central y oriental, animó a las instituciones europeas a establecer marcos para hacer frente a los daños materiales e inmateriales de este legado, y para evitar que se repitiera.
La Declaración conjunta contra el racismo y la xenofobia de 1986, firmada por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, sentó las bases iniciales para que el Parlamento tomara medidas contra el antisemitismo en Europa. A raíz de esta declaración, el Parlamento creó una Comisión de investigación del racismo y la xenofobia que, en 1990, presentó sus conclusiones en un extenso informe donde catalogaba incidentes antisemitas y xenófobos en los Estados miembros y los países europeos vecinos, e incluía una serie de recomendaciones a las instituciones europeas y los Estados miembros. El informe tenía por objeto sensibilizar a las instituciones europeas y a la ciudadanía, subrayando que «debemos garantizar que nuestra Europa sea una sociedad abierta, basada en el respeto de los derechos fundamentales y el rechazo de toda forma de discriminación».
En 1993, el Parlamento aprobó una resolución sobre la protección de los campos de concentración nazis como monumentos históricos. A partir de 1995, sin embargo, las resoluciones se han centrado más en abordar el impacto del Holocausto en sus víctimas y la necesidad de educar sobre este hecho histórico. Empezando por una resolución sobre la devolución de los bienes saqueados a las comunidades judías, las sucesivas resoluciones perfilaron enfoques y actitudes respecto a la investigación y educación sobre el Holocausto, la lucha contra el racismo y la rememoración del Holocausto.
Otras resoluciones más recientes se han sumado a la lucha contra el antisemitismo, recordando el Holocausto de las comunidades romaní y sinti, y abordando la violencia neonazi y el discurso de odio. Asimismo, el Grupo de Trabajo del Parlamento contra el Antisemitismo, creado en 2016, integra a diputados y diputadas del Parlamento Europeo de varios partidos para mejorar la forma en que la UE combate el antisemitismo.
La Carta de los Derechos Fundamentalesde la UE, a la que sus Estados miembros están vinculados desde 2009, declara que «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de derecho». El artículo 1 de la Carta establece que «la dignidad humana es inviolable», y el artículo 21, que «se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».
Cuando el Parlamento Europeo celebró su sesión constitutiva en 1979, la presidenta Simone Veil asumió el liderazgo de la asamblea. «Porque es la primera vez en la historia, una historia en la que con tanta frecuencia hemos estado divididos, empeñados en la destrucción mutua, que los pueblos de Europa han elegido juntos a sus delegados en una asamblea común que representa, hoy en este hemiciclo, a más de 260 millones de personas». Estas palabras cobran mayor significado al recordar que 35 años antes, Veil y su familia fueron detenidos y ella enviada a los campos de concentración nazis de Auschwitz-Birkenau, Bobrek y Bergen-Belsen.
Teniendo presente la interrelación entre la misión principal de la UE y la historia del Holocausto, recurrimos al testimonio de quienes nos recuerdan que «nunca más».